Legal, pero inoportuno: así califica Mariano Acosta el adicional de los concejales

El profesor licenciado se explaya acerca del dinero que cobran los ediles que atienden la oficina de Participación Ciudadana.

A continuación, reproducimos la columna completa, que fue publicada en la edición impresa de revista Sintonía.

Legal, pero inoportuno

*Por el prof. Lic. Mariano Acosta

Días atrás tomó estado público que el Concejo Deliberante local decidió continuar con la práctica administrativa de abonar a sus miembros por la atención a vecinos en la Oficina de Participación Ciudadana. Por resolución interna dispusieron que a seis de ellos se les pagarían 2.500 pesos mensuales retroactivos al mes de marzo, a uno a partir del mes de mayo y a dos no, ya que durante este año no atenderían.

Los 2.500 pesos son por tres horas de atención promedio semanal [con un mínimo de una hora un día y un máximo de ocho horas los cinco días a la semana]; la que deberían desempeñar en un local de la Terminal de Ómnibus, aunque uno de ellos lo hace en su oficina particular y otro en una sede partidaria.

La Oficina de Participación Ciudadana fue creada por la Carta Orgánica Municipal en el año 1998 y comenzó a funcionar luego de su reglamentación por Ordenanza en el año 2001. Desde su inclusión en la Carta y posterior reglamentación siempre estuvo en duda su necesidad y la intención de su creación.

Dice el artículo 74 de la Carta Orgánica Municipal que “existirá en el ámbito municipal una Oficina de Participación Ciudadana, la que estará atendida por un Concejal y cuya Reglamentación se hará por Ordenanza.”

En relación al pago por la atención en la misma, la Carta Orgánica no “obliga” a que se lo efectivice, deja este asunto librado al (buen) criterio de los concejales. Textualmente dice “Por Ordenanza se establecerá -si corresponde- el adicional remunerativo que percibirá el Concejal que se desempeñe en la atención de la Oficina de Participación Ciudadana”. [Articulo 59]

El artículo 9 de la Ordenanza de creación de la Oficina, dispone que “en orden a lo dispuesto por el artículo 59 de la Carta Orgánica, los Concejales de Turno percibirán el adicional remunerativo mensual que fije el Concejo Deliberante en su presupuesto anual”. Algo que Concejo Deliberante establece todos los años por Resolución interna desde el año 2001.

Repasando. La Carta crea la Oficina y dispone la posibilidad del cobro de un adicional por su atención; el Concejo Deliberante dispone su reglamentación indicando que ese adicional se hará efectivo; el mismo Concejo dicta año a año una Resolución donde dispone el monto.

Si nos detenemos en el para qué de la Oficina, dice la Ordenanza que la crea que en ella se receptarán “las inquietudes, propuestas y sugerencias de los vecinos e instituciones de la ciudad que puedan canalizarse a través de Ordenanzas u otros actos legislativos”; se informará a los vecinos “sobre el funcionamiento y organización del Municipio”; se difundirán “las atribuciones y competencias del Concejo Deliberante y la acción de sus miembros”; se gestionarán ante Intendente y sus Secretarios los reclamos de los vecinos “realizando posteriormente un seguimiento de los resultados obtenidos por la gestión”; se informará “sobre programas y proyectos que lleva adelante el Municipio en conjunto con la Provincia y la Nación” y, finalmente para “realizar toda actividad que promueva el acercamiento de la comunidad con sus representantes, fortaleciendo el intercambio fluido entre los vecinos y el Concejo Deliberante”.

Haciendo un esfuerzo argumentativo podríamos justificar [para el año 2001] la necesidad de contar con una Oficina de Participación en el hecho que el Concejo Deliberante desde siempre no contó con un edificio propio y que los concejales querían visibilizar su gestión. Y que al momento de su creación los concejales percibían un ingreso que podríamos definir como “simbólico”, eran siete y los bloques no tenían asesores pagos permanentes. Todo ese contexto cambió.

Primero, porque inicialmente la Oficina sólo sirvió para burocratizar aún más a la administración municipal. Segundo, porque el presupuesto del Concejo Deliberante se multiplicó a cifras que hoy deben ser analizadas. Tercero, porque la práctica propia de la Oficina la convierte en un instrumento carente de lógica: deja a voluntad de los propios concejales si quieren atender o no y en dónde [en el local de la Terminal, en sus oficinas profesionales o en los locales de los partidos a los que pertenecen, algo claramente irregular] y porque no establece parámetros claros de horas y días [los concejales que atienden una hora un día a la semana perciben lo mismo que los que atienden ocho horas todos los días…].

El presupuesto inicial para este año del Concejo Deliberante, sin sumar el sueldo del Secretario, el adicional por la Oficina de Participación Ciudadana, los incrementos por aumentos de salarios, los adicionales por antigüedad y títulos, ascendía a $ 1.412.560, discriminado de la siguiente manera:

-Para cada concejal se presupuestó un haber bruto de $ 38.876. En bruto significa sin los descuentos que se practican por ley (ejemplo: obra social), pero que el Municipio debe erogar igualmente.

-Partida “Asistente Parlamentario”: actualmente son dos (2) uno por la UCR y otro por el Vecinalismo, que van a cobrar cada uno la suma bruta mensual de $ 32.788.

-Partida denominada “Gastos Consumo Concejo”: por la suma de $ 73.700.

-Partida denominada “Estudio Investigación y Asistencia Técnica”: la cual está dividida de la siguiente manera: $ 184.500 para el bloque de la UCR; $ 111.000 para el bloque del Vecinalismo; y $ 37.000 para el bloque de UPC.

-Partida denominada “Gastos Servicios Concejo Deliberante”: por la suma de $ 360.000.

-Partida denominada “Gastos Servicios de Bloque”: cuyos fondos están divididos de la siguiente manera: UCR: $ 100.000; Vecinalismo: $ 60.000; UPC: $ 20.000.

-Partida denominada “Asesoramiento Concejo Deliberante”: por la suma de $ 50.000.

No voy a detenerme en especular sobre cómo, porqué y en virtud de quiénes la resolución que dispone el pago de ese adicional tomó estado público este año. Quizás alcance con apelar a la vieja expresión latina “¿Cui bono?”, que traducida equivale a preguntarse a quién beneficia toda esta movida en un año electoral.

Y en ese sentido superando cualquier mirada partidaria cortoplacista quizás éste sea el momento de exigir que nuestro Concejo Deliberante recupere una agenda legislativa propia, que aborde los temas que esperan desde hace años en nuestra Ciudad y revise disposiciones que lo alejan de los ciudadanos de a pie. Inicialmente, alcanza con que renuncien al cobro de este adicional; legal, pero inoportuno. ¡Hasta la próxima!